Carlos Murillo González
La militarización de la vida cotidiana desde hace casi quince años en el municipio de Juárez y particularmente en Ciudad Juárez, obedece a la lógica de un Estado policíaco, no de una democracia y menos de una que se identifique como “izquierda”. Significa el fracaso de la paz y la libertad o el triunfo de la anomia y de las clases dominantes, las clases burguesas: el cambiar para que nada cambie.
"¿Qué significa la militarización? Pues acostumbrarse a tener presente en la cotidianidad a personas armadas todo el tiempo, con el consiguiente quebrantamiento de los derechos humanos, civiles y las libertadas constitucionales."
Los partidos burgueses en su alternancia en el poder político electoral (PRI, PAN, Morena…) han hecho un pacto de facto en consentir el protagonismo en la vida política mexicana de las fuerzas armadas. Desde el sexenio de Vicente Fox a finales de su periodo en 2006 estrenándose con la Policía Federal Preventiva (PFP) en la represión del movimiento magisterial de Oaxaca, continuada con Calderón con su funesta e hipócrita “guerra contra el narcotráfico”, de triste recuerdo en Juárez y luego su silenciada continuación con Peña Nieto ya como Gendarmería Nacional y ahora el cambio con la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
¿Qué significa la militarización? Pues acostumbrarse a tener presente en la cotidianidad a personas armadas todo el tiempo, con el consiguiente quebrantamiento de los derechos humanos, civiles y las libertadas constitucionales. O sí no, ¿han bajado los índices de robo, cobro de piso, asesinatos, feminicidios? Claro que no. El vivo ejemplo es Juárez y su entorno; es decir, el estado de Chihuahua donde, especialmente en la Sierra Tarahumara, el narco tiene desde hace años, secuestrados algunos municipios, abunda pues, la narcoviolencia. Juárez concentra el 40% de población del estado, es cruce fronterizo y representa una parte significativa de los ingresos y derrama económica de las maquilas. Sin embargo, o precisamente por esta contradicción, de ser una ciudad industrial, cruce internacional e incluso, por su valor histórico en la guerra contra los franceses y, sobre todo, en la Revolución Mexicana, sea a la vez, la ciudad de los feminicidios, del contrabando ilegal de todo tipo de objetos y personas, la ciudad de la violencia sin límites, a veces acreedora de ser la más violenta del mundo. ¡Capitalismo Gore! Gritaría Sayak Valencia, con toda la claridad del experimento psicosocial de esta frontera también contradictoria y bien comparada en la imaginación de Willivaldo Delgadillo, cuya inspiración es El Paso/Juárez.
"No se trata de un problema maniqueo de moral conservadora que se resuelve con la presencia de lo militar en todos los ámbitos de la vida para proteger a la “gente buena, trabajadora y noble” pues en realidad, la sociedad mexicana en su conjunto es considerada desde el Estado como potencialmente delincuente, sino, ¿qué otra(s) razón(es) habría para sacar al ejército a las calles en labores pseudopolicíacas?"
Además de la Guardia Nacional, el protagonismo que día a día tienen las fuerzas armadas en la vida del país es preocupante: el ejército como empresa de construcción (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Tren Maya) o la entrega de las aduanas, como vino a corroborar AMLO en su visita a Juárez, el viernes 17 de febrero, comprueban que más que retornar el ejército a los cuarteles, se van convirtiendo en parte de la vida cotidiana. La criminalización de la protesta social sigue y los casos de violación a los derechos humanos, como el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa siguen sin resolverse, a pesar de las promesas presidenciales. Así mismo, el asesinato de periodistas sigue siendo una constante y no han disminuido, sino al contrario, aumentado, durante este sexenio y, particularmente este 2022, cuando a mediados de febrero se contabilizan ya seis asesinatos de profesionales de la información en el país. La situación de violencia en general, no ha disminuido, en dado caso se mantiene y, si ha disminuido en algunos rubros, pero en porcentajes no significativos.
Todas las administraciones sexenales presidenciales desde el año 2000 han tenido como característica pues, la militarización del país y México, ya desde antes, sigue siendo de los países más violentos e inseguros para vivir, con la diferencia (y peligro) de quedarnos en un Estado policíaco militarizado inútil, rico y privilegiado, disfrazado de democracia, con largos y pesados pendientes que no va a resolver, sino a aumentar, como las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato en los casos más graves, pero baste con afirmar que su presencia no ha disminuido el delito en el país, pues no es una cuestión policíaca, sino estructural, irresoluble si no hay cambios en la injusta distribución de la riqueza y en encontrar la equidad e igualdad de condiciones de vida para tres cuartas partes de la población. No se trata de un problema maniqueo de moral conservadora que se resuelve con la presencia de lo militar en todos los ámbitos de la vida para proteger a la “gente buena, trabajadora y noble” pues en realidad, la sociedad mexicana en su conjunto es considerada desde el Estado como potencialmente delincuente, sino, ¿qué otra(s) razón(es) habría para sacar al ejército a las calles en labores pseudopolicíacas?
Regresando a Ciudad Juárez, desde el 2008 la cotidianidad cambió con la llegada de la policía federal y la milicia; desde entonces es común ver a militares y policías armados hasta los dientes recorriendo las calles, haciendo retenes y revisiones ilegales llamadas por ellos “aleatorias”. Para el Estado mexicano la sociedad juarense no somos más que simples ratas de laboratorio capaces de convertirse en criminales, por eso nos tratan como tales y, con la complicidad de instituciones que replican las acciones hostiles de desconfianza hacia su población, como las escuelas (revisión de mochilas con perros adiestrados para encontrar drogas) el Instituto Nacional de Inmigración (con las personas extranjeras en tránsito hacia EEUU) o hasta las comisiones derecho humanistas estatales, con su silencio ante los abusos policiales y militares, por mencionar sólo tres ejemplos.
Presidentes van y vienen con diferentes siglas y colores, pero el hecho de cobijarse y consentir a los militares invirtiendo miles de millones en esa institución, sin resultados en cuando a la seguridad pública, es entonces mera simulación y más bien vislumbra un recelo terrible hacia la sociedad mexicana y un enorme reto a seguir para desmantelar el Estado policíaco.