La guerra contra el narcotráfico en México como política de reordenamiento social

Fuimos desplazados por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos. Fuimos atacados a nuestras casas. Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27. Una niña de 8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí.

Testimonio comunidad de la Sierra de
Totolapan, Guerrero, recopilado por la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos

I

México es un país megadiverso, con más de 5,000 especies de plantas originarias (endémicas), variedad de ecosistemas, incluyendo marinos, y una diversidad de especies que rebasa el 70 % de las conocidas en el planeta. Esta abundancia de vida natural se acompaña y responde a su diversidad cultural, que ha sobrevivido a los 530 años de colonización permanente, cuya oleada más reciente aparece bajo la forma de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Cuenta con 68 culturas lingüísticas y alrededor de 26 millones de personas reconocidas como indígenas, distribuidas en todo el territorio pero densamente concentradas en el sureste, región de los megaproyectos.

Rico en materiales estratégicos como petróleo y plata y con reservas estimables de litio y uranio, entre otros, su localización geográfica le otorga una calidad especial. Es el eslabón que conecta con Estados Unidos, todavía el mayor mercado del mundo; está bordeado por amplias costas que lo hacen accesible al comercio marino (80 % del comercio mundial transita por mar); la porosidad de sus fronteras y de sus sistemas de control permite el uso de rutas de cruce clandestinas, adecuadas para el trasiego de drogas, personas, armas y otras mercancías ilegales altamente rentables.

"En realidad, la llamada guerra contra el narco encubría una política de reordenamiento social que abarcaba todo el territorio nacional y que fue diseñada en gran medida desde las instancias de seguridad de Estados Unidos."

Todas estas virtudes, paradójicamente, le han dado a México la condición de uno de los países más violentos y peligrosos del mundo. Territorio siempre ansiado y usado por el vecino del norte, a partir de 2006 se vio enredado en la llamada “guerra contra el narco” que llevó a la militarización de la seguridad interna y a una normalización del empleo de las armas para dirimir situaciones de conflicto.

A partir de ese momento las actividades ilícitas proliferaron en vez de disminuir, y combinaron los grandes negocios del trasiego con actividades colaterales de extorsión y secuestro en las que, incluso, está documentada la actuación en complicidad de militares, policías y delincuentes.

En realidad, la llamada guerra contra el narco encubría una política de reordenamiento social que abarcaba todo el territorio nacional y que fue diseñada en gran medida desde las instancias de seguridad de Estados Unidos. Sus claves habría que buscarlas en los ámbitos de la reorganización del uso de los territorios y de las nuevas condiciones exigidas por el mercado mundial y la competencia hegemónica para la extracción de sus riquezas y la reubicación o redisciplinamiento de sus pobladores.

La violencia se convirtió en un eje multifacético en torno al cual se definían las nuevas pautas sociales.

Las tasas de homicidio, feminicidio, desaparición o desplazamiento forzados se desataron; las estructuras jerárquicas de los grupos delincuenciales se dislocaron y bajo una violencia que parecía descontrolada transcurrió el acaparamiento de tierras, la pérdida de derechos, el cambio en los giros y agentes de la producción y la ruptura de reglas de convivencia y tejidos sociales tanto en el espectro urbano, mucho más individualizado, como en el comunitario rural o semirural.

Los planes de seguridad emprendidos desde entonces en conjunto con Estados Unidos, y que se suceden uno a otro, no han hecho más que reafirmar las causas y profundizar los daños. La violencia fue y es la herramienta privilegiada del cambio y se mantiene como el método más rápido y eficaz de rediseño social y productivo. Si las causas conducen a la disponibilidad de las riquezas (llamadas recursos en clave mercantilista) o de los generadores de ganancia entre los que la producción de anfetaminas o el tráfico de personas ocupan lugar destacado, los daños muy frecuentemente se relacionan con desplazamientos, masacres o control de poblaciones y territorios, muchas de las veces indígenas por caracterizarse los pueblos indios por una relación con la naturaleza o una inserción en el ambiente que tradicionalmente lleva a la conservación y proliferación de la vida y no a prácticas predatorias.

"Los planes de seguridad emprendidos desde entonces en conjunto con Estados Unidos, y que se suceden uno a otro, no han hecho más que reafirmar las causas y profundizar los daños."

En todo este proceso las actividades de la economía criminal se han ido diversificando. Ya no se circunscriben a la producción, traslado y comercialización de estimulantes ilegales, sino que se han desplegado hacia otros giros considerados “legales” o “lícitos” -a pesar de que en ocasiones se emplea fuerza de trabajo esclavizada o forzada- como las actividades extractivas, llegando inclusive a propiciar la implantación de monopolios sobre actividades de la economía formal.

El alcance y lo descarnado del proceso se explica desde una perspectiva territorial y geoestratégica por la proximidad con Estados Unidos, principal consumidor de estimulantes ilegales a nivel mundial, pero simultáneamente la intensificación de la violencia deriva de la pulverización de los grupos de la economía criminal como resultado de la “guerra contra el narco”, que ha conducido a disputas por los espacios de producción, infraestructura y transporte; así como por los mercados internos que se han creado o amplificado a la par del proceso.

II

Siendo México el país con mayor volumen global de población indígena en el continente, como mencionamos, destaca la invisibilización sobre las implicaciones que el reordenamiento social general producto de este proceso ha tenido para dicho grupo social.

En ese marco se inscriben tanto las expresiones de abuso que provienen del Estado, que son múltiples y crónicas dada la mentalidad colonial y colonizadora que porta, como esas otras que han aparecido con la actuación de las estructuras de la economía criminal. Sobre dicha relación lo que hay que especificar para el caso mexicano por los alcances de la problemática, es el grado de imbricación que comportan distintas estructuras de Estado y escalas de los tres niveles de gobierno, con los grupos delincuenciales. Y en la misma ecuación depredadora y discriminatoria de un proceso de despojo no sólo material sino también cultural y simbólico, hay que agregar poderes corporativos como aquellos que buscan implantarse en territorios indígenas.

En regiones indígenas del país donde se cultivan plantas para su procesamiento como estimulantes ilegales, se suelen imponer dinámicas de reclutamiento forzado de la población de los alrededores, lo que involucra no sólo a los adultos sino también infantes y jóvenes. En ese mismo tipo de contextos, operaciones militares y policiacas apuntan hacia la criminalización de las comunidades, que en ocasiones pierden parte de su patrimonio y recursos en virtud de los operativos de erradicación de cultivos.

"Y en la misma ecuación depredadora y discriminatoria de un proceso de despojo no sólo material sino también cultural y simbólico, hay que agregar poderes corporativos como aquellos que buscan implantarse en territorios indígenas."

A ello se han agregado problemáticas similares relacionadas con actividades extractivas (de agua, minerales y otros) que se realizan en territorios indígenas o en sus proximidades. Respecto a la minería, se calcula que el 10 por ciento de la producción nacional se explota de manera ilegal.

Como dinámica subyacente en estos casos se registra uno de los impactos más disruptivos para los pueblos indígenas que es la desterritorialización que resulta de los procesos de desplazamiento interno forzado. Proceso incuantificable porque lo mismo ocurre en pequeña escala que en episodios masivos más visibles. No obstante, en los registros obtenidos, desde 2017 (exceptuando 2019), más del 41% de la población desplazada ha sido indígena.

La violencia de los desplazamientos se combina con otro fenómeno que complica aún más esta situación, que son los constantes ataques a defensoras y defensores del territorio, frecuentemente indígenas, ya que en años consecutivos, México aparece como uno de los lugares de mayor riesgo. En 2019 fueron 18 las personas asesinadas relacionadas con la tarea de defensoría y en 2020 escaló a 30 situándose en segundo lugar mundial, sólo detrás de Colombia. Como elemento que corrobora la limitación de referir la problemática en México al “narcotráfico”, baste señalar que de los asesinatos cometidos en 2020, 9 se derivaron de la tala ilegal y deforestación, en parte perpetrada por los mismos grupos traficantes de drogas. En estos crímenes se puede observar la superposición entre intereses económicos de empresas, poderes locales y el recurso de células de la economía criminal y sus ejércitos de sicarios. Esto, que fue puesto de relieve durante la visita de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se corrobora con el ataque sistemático contra la Tribu Yaqui por su defensa del agua y el territorio en contra del Acueducto Independencia, lo que les ha valido el asesinato y desaparición forzada de varios integrantes de su comunidad.

"México es el tercer productor mundial de amapola, a partir de la cual se produce la goma de opio. En el país, esta producción se concentra en el llamado Triángulo Dorado, ubicado en la sierra que comparten Sinaloa, Durango y Chihuahua; así como en Michoacán, Guerrero y Oaxaca."

De manera general, se considera que en la actualidad el 52.2 por ciento de la población indígena de América Latina y el Caribe vive en ciudades. México registra una tendencia similar, lo que es resultado de distintos procesos que van desde la oferta laboral y la provisión de servicios básicos que no existen en sus comunidades, hasta el desplazamiento forzado producto de la violencia, lo que ocurre marcadamente en ciudades de Guerrero, Chiapas y Chihuahua. En los contextos urbanos, en los que las actividades de la economía criminal incluyen extorsiones, colocación de puntos de venta en zonas periféricas para el consumo interno o el reclutamiento para desarrollar actividades diversas, la población indígena también se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad pues un alto porcentaje vive en condiciones precarias y de gran fragilidad.

III

Aunque resulta un dato de la experiencia que las distintas formas de violencia y afectación que producen las actividades de la economía criminal están estrechamente relacionadas, para efectos analíticos se puede establecer una cierta distinción.

México es el tercer productor mundial de amapola, a partir de la cual se produce la goma de opio. En el país, esta producción se concentra en el llamado Triángulo Dorado, ubicado en la sierra que comparten Sinaloa, Durango y Chihuahua; así como en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En estos últimos dos estados que combinan indicadores de mayor población indígena y mayores niveles de exclusión, el cultivo de amapola ha sido una alternativa para la subsistencia familiar; lo que a la postre implica procesos de constante criminalización por parte del Estado y sus cuerpos represivos. A este respecto destaca Guerrero, que al ser el principal productor del país se ha vuelto un sitio de disputa entre distintos grupos, con lo cual han sido desplazadas comunidades de distintos municipios. Em relación al Triángulo Dorado, rarámuris habitantes de lugares aislados de la sierra han sido sometidos por el poder de células de la economía criminal, lo que ha conducido a su reclutamiento forzado, despojo territorial o retaliaciones que incluyen violaciones y asesinatos.

Si se voltea la mirada al estado de Michoacán, destacan los agravios a los pueblos nahuas en la costa del Pacífico, codiciada por los intercambios de minería y biodiversidad extraída de manera ilegal, así como de estupefacientes y precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. Cerca de ahí, en la Meseta Purépecha la presencia de los grupos de la economía criminal se estableció con el objeto de instalar laboratorios de metanfetaminas en los bosques, que consecuentemente han sufrido un proceso de depredación. En conjunto, se trata de una región con alto valor estratégico que ha provocado un rediseño territorial que articula los centros de producción de estimulantes ilegales con los proyectos de infraestructura que conectan globalmente procesos económicos (puertos, vías ferroviarias, carreteras) y en donde se percibe una tendencia a la imbricación entre las distintas modalidades de la economía. Además de ello, la región Centro Sur de Michoacán permite observar la intervención de los grupos criminales

"Pueblos indígenas en distintos lugares del país han recurrido a la conformación/reactivación de formas tradicionales de vigilancia e impartición de justicia comunitaria que, por el contexto en que fueron recuperadas, han implicado una adaptación para responder al desafío que representan los grupos de la economía criminal."

Ante un escenario como el hasta ahora descrito, en el que los casos reseñados son sólo una muestra de una situación generalizada, el contexto mexicano cuenta con una especificidad respecto al resto del continente. Pueblos indígenas en distintos lugares del país han recurrido a la conformación/reactivación de formas tradicionales de vigilancia e impartición de justicia comunitaria que, por el contexto en que fueron recuperadas, han implicado una adaptación para responder al desafío que representan los grupos de la economía criminal. El proceso se remonta a la década de los noventa, con la creación de las primeras policías comunitarias en Guerrero. A partir de 2011 se articulan las rondas comunitarias en Cherán y otros municipios de la Meseta Purépecha, al igual que en la Costa nahua. Ante esto, la reacción de intereses extractivos y de la economía criminal se ha saldado con el asesinato de decenas de comuneros.

El caso del Sureste es particularmente preocupante por el proceso desatado a partir del momento en que se emprenden los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico. Por un lado, se trata de una región de excepcional densidad cultural indígena. Por el otro, estos proyectos están propiciando y reforzando procesos que serán aprovechados por los grupos de la economía criminal en el orden de ideas expuesto hasta ahora: creación de infraestructura de comunicaciones y transportes, potenciamiento de la actividad turística de gran escala y urbanización. A ello se debe agregar que se trata de una región clave en el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos, lo que potenciará el tráfico y trata de personas con objetivos de explotación laboral y sexual.

Todo esto, bajo un esquema de militarización acelerada e intensiva, que amaga a las comunidades indígenas. El principal impacto es en lo cotidiano. De acuerdo con testimonios de integrantes de pueblos indígenas, ahora ya no se puede pasar por ciertos lugares, transitar en la noche. También han tenido que cambiar de escuela y mantener las ventanas de las casas cerradas; todo ello implica modificar las prácticas de vida e incorporar el miedo como patrón de conducta.